Los órganos judiciales competentes impusieron durante el año pasado un total de 82 medidas de privación de libertad en distintos regímenes de internamiento en Ceuta, el número más alto desde 2013, cuando se registraron 84, y un 10% más que en 2021 (75), según los datos del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad Autónoma.
El ejercicio 2020, marcado por las fuertes restricciones de actividad y movilidad social ligadas al inicio de la pandemia, fue el que registró un número más bajo (57) durante la última década.
Los destinatarios de esas medidas fueron un total de 64 menores-jóvenes (uno menos que en 2021): medio centenar recibieron una, una decena dos y cuatro, tres.
La mayoría de las medidas impuestas fueron en régimen cerrado (58, 32 cautelares), que exige a los sometidos a ellas “residir” y “desarrollar las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio” en el Centro de Reforma de Punta Blanca, construido en 1995 y con 24 plazas.
La mayoría de los destinatarios de medidas de internamiento tenía 17 años
Las medidas que pueden imponer los jueces de Menores, ordenadas según las restricciones de derechos que suponen, y que se ejecutan en el Centro de Internamiento Menores Infractores, son en régimen cerrado, semiabierto, abierto o de permanencia de fin de semana (ninguna desde 2017 en la ciudad autónoma).
El número de internamientos cerrados dictado en 2022 fue inferior al de 2021 (60), cuando casi se duplicó la cifra del año anterior (39), que a su vez había sido el mayor desde 2013.
En sentido inverso, las medidas en régimen semiabierto han ido cayendo durante los últimos diez años desde las 59 impuestas hace una década a las 15 de 2021. En 2022 se impusieron 23 (media docena cautelares).
Estas implican que los menores sometidos deben residir en Punta Blanca, pero también realizar fuera “alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución”. En estos casos la realización de actividades fuera del centro queda condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado.
En todo el año pasado no se produjo ninguna fuga ni ausencia de retorno tras salidas
En 2022 únicamente se decretó una medida de internamiento en régimen abierto (por modificación de cambio desde semiabierto), con lo que el obligado pudo pasar a desarrollar todas las actividades de su proyecto en los servicios normalizados del entorno, aunque con ‘Punta Blanca’ como domicilio habitual. Durante todo 2022 no se produjo ningún quebrantamiento de medida, ni fugas ni ausencia de retornos tras una salida o permiso.
Los internamientos son debidos sobre todo a robos en distintas modalidades (19) o delitos de atentado (19), muy por delante de los de violencia doméstica o de género (9), lesiones (7), amenazas (4), tráfico de drogas (4) o resistencia y desobediencia a la autoridad (1).
Perfil: chicos con 17 años
El perfil de los jóvenes sometidos a internamientos en ‘Punta Blanca’ el año pasado en Ceuta confirma que suelen ser mayoritariamente varones (el 93,9% de las medidas recayeron sobre hombres) y que, tras el repunte registrado en 2019 y 2020, las féminas son una minoría (6,1% de resoluciones de privación de libertad).
En cuanto a la edad, algo más de la mitad de los ingresos (44) se ordenó sobre adolescentes con 17 años, por delante de los dictados sobre población con 16 (22) o 15 (8). En lo referente a la nacionalidad, dos de cada tres internamientos (el 64,6%) en el Centro de Reforma se impusieron a menores extranjeros y el resto (35,3%, cinco puntos por encima de los datos de 2021) a nacionales.
Los jóvenes privados en algún grado de libertad procedían sobre todo (34 expedientes) de los centros que gestionó durante todo el año pasado en Piniers la Fundación SAMU, por delante de los ajenos al circuito de protección (29) o los anteriormente acogidos en el Centro de Realojo Temporal La Esperanza (13).
