Continúa la pesadilla para los trabajadores de la empresa Hércules, en Ceuta, que arrastran ya demasiados meses sin cobrar sus nóminas. Esto ha hecho que, además de las movilizaciones, Comisiones Obreras haya presentado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una denuncia contra la empresa Hércules Servicios Generales de Integración.
Según ha recordado Claudia Martínez, secretaria de acción sindical de CCOO, desde el pasado mes de noviembre los trabajadores de la empresa vienen sufriendo "atrasos reiterados en el abono de sus nóminas", por lo que el sindicato ha denunciado estos hechos ante el mencionado organismo en varias ocasiones.
"El 17 de junio y el 3 de noviembre de 2022 CCOO recibe notificación de la Inspección de Trabajo, donde se nos comunica que se había levantado acta de infracción contra la empresa, atendiendo a las razones de atrasos en el abono de las nóminas que la plantilla estaba sufriendo y por incumplimiento del convenio colectivo y del Estatuto de los Trabajadores", ha continuado.
Según Comisiones Obreras, "esos atrasos e impagos a día de la fecha se siguen sucediendo con toda la plantilla" y que "algunos trabajadores en su legítimo derecho han presentado demanda judicial por impago de salarios ante el Juzgado de lo Social", a través de la asesoría jurídica de Comisiones Obreras.
En este sentido, CCOO ha tenido conocimiento de que la empresa le ha hecho saber a algunos de los trabajadores que "mantienen interpuesta reclamación de cantidades y están a la espera de ser citados para juicio, que no van a proceder a abonarles los salarios con la excusa de no estar de acuerdo con las cantidades reclamadas", que "son exactamente las que se desprenden de sus convenios y sus categorías profesionales".
"Situación de desventaja" para los trabajadores que han reclamado
Desde el sindicato creen que esto es "una mera excusa" que están usando los responsables de la empresa y el personal encargado "para poner en una situación de desventaja a quienes han decidido reclamar lo que legalmente les corresponde, añadiendo tal y como marca la legislación un 10 por ciento por intereses de demora".
Asimismo, entienden que "de demostrarse probados estos hechos" por parte de la Inspección de Trabajo, "podríamos estar ante un posible caso de discriminación laboral o ante una medida coercitiva para que la empresa de una manera un tanto mezquina se aproveche de la situación de necesidad que puede provocar en una persona o en una familia estar meses y meses cobrando tarde, y que de esta manera procedan a retirar la demanda obligados por la necesidad".
Por tanto, solicitan que la Inspección de trabajo "indague estos hechos". "Y que de ser ciertos, tome las medidas legales oportunas. Nuestro gabinete jurídico se reserva el derecho de buscar una vía jurídica a estos hechos, si se demuestran probados por el órgano de la inspección laboral", concluyen.
