La operación Perla Costa, realizada por la Guardia Civil en Ceuta y marcada por un auto de nulidad y archivo que ya fue recurrido por la Fiscalía, ha llegado al ámbito político. Y lo ha hecho mediante una pregunta formulada por dos parlamentarios del PP, que han buscado la respuesta del Gobierno a los motivos de ese archivo. Se trata del senador electo por Toledo, José Julián Gregorio, y el electo por Zamora, Fernando Martínez Maíllo.
Los populares aludían al operativo de gran envergadura llevado a cabo en Ceuta, Málaga y Algeciras, enmarcado en la lucha contra el narcotráfico. Un operativo que movió a casi 500 agentes y que terminó con 48 registros y un centenar de investigados. “A pesar de la importancia de este trabajo, la operación denominada Perla Costa (contra tráfico de drogas e inmigrantes) ha sido decretada por un juzgado nula y ha ordenado su archivo”, recuerdan los populares, quienes preguntan al Gobierno “cuál es la evaluación del Ministerio del Interior de sus resultados y si después de ser declarada nula, el ministro se ha interesado por las causas del archivo”. Así también los senadores han solicitado la opinión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre si se cumplieron los objetivos “tras la intervención de tres comandancias y 500 guardias civiles. ¿El Ministerio de Interior nos podría informar si ha habido algún indicio de delito, algún presunto sospechoso, algún alijo, después de una investigación a la que se le dio el beneplácito como marca la ley para que se llevara a cabo?, ¿ha habido una buena colaboración con la Fiscalía?”, cuestionaron. “¿El Ministerio del Interior adoptará medidas para que operaciones de este calado den los resultados marcados?”.
"La evaluación de los resultados de la operación es positiva"
El Gobierno ha advertido en su respuesta que desde el punto de vista policial “se considera que la evaluación de los resultados de la operación es positiva, toda vez que ha permitido actuar contra una importante organización criminal dedicada presuntamente a una pluralidad de delitos de enorme gravedad, como son contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública o el blanqueo de capitales”.
Respecto del archivo judicial acordado, se considera que se trata de una resolución en el ámbito de la judicatura, cuya competencia no corresponde a un Ministerio del Interior. “No obstante, se considera que la actuación policial ha cumplido con sus objetivos de investigación e instrucción, puesto que la cuestión de nulidad afecta a la parte procesal judicial”, expone el Gobierno en su respuesta.
“Además, en el marco de la instrucción e investigación policial y judicial se llevaron a cabo una serie de diligencias de investigación que permitieron acopiar indicios suficientes y bastantes para poder constatar la presunta existencia de una potente organización criminal, en el seno de la cual se cometerían una pluralidad de delitos contra la salud pública, receptación de vehículos a motor, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contrabando, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal, fruto de los cuales se pudo probar la presunta participación de 149 personas, de cuya participación se dio oportuna cuenta a la autoridad judicial, conforme obra en el procedimiento”, zanja, aclarando que responsables policiales y judiciales mantienen una estrecha colaboración.
