Caballas elevará al pleno de la Asamblea una propuesta para que se permita un mayor control y fiscalización en la contratación que se haga de las obras o suministros que dependan de la administración. Pide Caballas que en esas adjudicaciones se permita que participe, también, la oposición para dar una mayor claridad al proceso.
Entiende el grupo que “la contratación de obras, servicios y suministros, constituye un ámbito fundamental de la gestión de la política municipal” que se lleva buena parte de la dotación económica de los presupuestos. “Del acierto”, aclara, “tanto en la detección de las necesidades como en la selección de los adjudicatarios más idóneos, depende en gran medida la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y la optimización de los recursos públicos”, apunta.
Son ambos fundamentos los que han motivado llevar esta moción a pleno, aunque, como mar de fondo prevalece la sospecha que mantiene Caballas en todo aquello que tenga que ver con los servicios públicos, bien con los contratos ahora debatidos como con la empleabilidad que ya ha sido motivo de otra moción plenaria que también se debatirá el próximo septiembre. “El amplio margen de maniobra del que dispone la administración para la adjudicación de los contratos, obliga a ser extremadamente escrupuloso en la observación de los principios de imparcialidad, transparencia y objetividad que deben presidir la tramitación de los expedientes. Sin embargo, el modelo de gestión que aplica el Gobierno en esta materia se aparta por completo de estos principios. Todo el procedimiento queda bajo el control estricto, subjetivo y exclusivo del Gobierno, sin que operen mecanismos suficientes para garantizar la defensa de los intereses generales; y, por supuesto, lejos del alcance de la capacidad fiscalizadora de la oposición”, avanza en su propuesta el portavoz del grupo, Mohamed Alí.
Para Caballas, la exclusión de la oposición de todas y cada una de las fases que conforman un expediente de contratación pública es “democráticamente inaceptable. Supone una vulneración grave del principio de transparencia, además de alimentar las sospechas de oscurantismo y corrupción ya de por sí muy extendidas entre la ciudadanía. Se trata de una práctica errática que es preciso corregir”, aclara.
