La Inspección de Trabajo realizó en los tres últimos años un total de 18.980 actuaciones en empresas, con un importe en sanciones de 4,6 millones de euros, según indica la Delegación del Gobierno en una nota de prensa emitida con motivo de la presentación ante los empresarios y agentes sociales de las medidas contra el empleo sumergido.
El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, presidió ayer la reunión que se celebró en el edificio de la Plaza de los Reyes y que congregó a la jefa del área de Trabajo, María Remedios Muñoz, representantes de asociaciones de empresarios, graduados sociales, y responsables del INSS, del SPEE y de la Consejería de Economía y Empleo.
El objetivo de este encuentro era sensibilizar a las empresas sobre la gravedad de los perjuicios que conlleva el empleo sumergido, así como informar acerca del endurecimiento de las sanciones.
Así, la Delegación del Gobierno dio un mensaje de “tolerancia cero” contra el empleo irregular, y explicó el periodo de regularización voluntaria, cuyas condiciones desglosó ayer este medio y entre ellas figura, por ejemplo, un endurecimiento de las sanciones para aquellos que no regularicen a sus empleados antes del 31 de julio.
Hasta esta fecha, los empresarios que ocupen trabajadores de forma irregular podrán regularizar su situación solicitando su alta en la Seguridad Social en el Régimen correspondiente sin recibir sanciones.
Podrán acogerse a las reducciones y bonificaciones que conlleve el contrato que realicen, incluyendo una reducción del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social si el contrato es a tiempo parcial. Igualmente, estos empresarios podrán aplazar los ingresos de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social.
La Delegación del Gobierno remarcó que la economía irregular es “negativa tanto para empresarios como para trabajadores. Los primeros porque si no regularizan la situación laboral de sus empleados, están ejerciendo una competencia desleal respecto de una gran mayoría que sí cumple la ley, y para los trabajadores porque se les priva de protección social y sus derechos laborales”.
Asimismo, también quiso dejar claro que el país en su conjunto se perjudica porque se limita el crecimiento económico y las cuentas públicas en un momento en el que es necesario aumentar el gasto en protección social.
Los empresarios critican el plan
Los empresarios han sido muy críticos con el plan puesto en marcha por el Gobierno central. Y es que están molestos por “no venir acompañado de un estímulo social o fiscal para impulsar las contrataciones”. Dicen que las ventajas son “mínimas”.
Además, no entienden que siendo los trabajadores transfronterizos la principal bolsa de empleo sumergido, este plan no los contemple. No obstante, quieren dejar claro que no quieren beneficiar ni dar prioridad a los extranjeros en detrimento de los españoles.
Desde la CECE se dice que han recibido muchas quejas de empresarios en cuanto a la forma y a la frecuencia de las inspecciones. Varios dicen sentirse “agotados” por estos controles.
