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La viabilidad del ‘Tarajal II’, en el punto de mira, además de otros asuntos en el entorno
El comisario general de Extranjería y Fronteras del CNP, Juan Carlos Ortiz, giró visita el pasado martes a la ciudad para conocer in situ tanto el puerto como la frontera así como los controles llevados a cabo. Dicha visita no ha sido publicitada ni por la propia Jefatura Superior ni por la Delegación del Gobierno, enmarcándose en un acto de control que se produce justo en plena polémica por la apertura y posterior cierre del ‘Tarajal II’. Ortiz visita además una Ceuta policial con frentes abiertos, por ejemplo el relativo a la función que la propia Jefatura quiere dar a la UIP, retirando las unidades de los polígonos y reutilizándolas para otros servicios policiales. Al igual que sucede con la Benemérita y los GRS (que la Comandancia quiere que estén en el perímetro como sucede ahora y no ordenando filas de porteadores en la playa), la Jefatura Superior quiere lo mismo: que la UIP esté trabajando en otras demarcaciones policiales y no asumiendo funciones que, entiende el CNP, debe correr por cuenta de los propios empresarios del polígono.
En estos momentos el oscurantismo en torno al ‘Tarajal II’ es absoluto. La Delegación no ofrece más datos ni apunta fecha definitiva para su apertura, después de advertir que antes de llevarse a cabo se quiere garantizar la integridad física de los agentes allí destinados.
De otra parte el Consejo de la UE ha adoptado una regulación que modifica el Código de fronteras Schengen, en el marco de la respuesta al fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, y que obliga a los Estados miembros a realizar un control sistemático a todas las personas, inclusive a los beneficiarios del derecho a la libre circulación en virtud de la legislación de la UE, cuando crucen las fronteras exteriores, tanto a la entrada como a la salida, mediante la consulta de las principales bases de datos. Con dicha medida se ordena la puesta en marcha de un control exhaustivo a extranjeros de terceros países y comunitarios en todas las fronteras exteriores, lo que, de hecho, supone o debe suponer un refuerzo en los controles ejercidos tanto en el puerto como en la frontera. El control, en base a lo ordenado por Europa, debe ser para todos.
