Recuerdo que cuando presidía la Cámara de Comercio entró en vigor la primera ley de blanqueo de capitales y tuve varias reuniones en el departamento del Banco de España en Madrid que controlaba los movimientos ilícitos de fondos, sobre todo provenientes del narcotráfico. Me sorprendió la cantidad de información que tenían allí de Ceuta, Melilla y el tráfico de divisas entre Europa y el norte de África. Explicaron que las dos ciudades norte-africanas eran excelentes observatorios para ese control.
Además el Banco de España, aunque perdió su función respecto a la política monetaria, conserva lo que se ha revelado como esencial en estos días, que es promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero, lo que significa en la práctica supervisar a bancos, cajas y otros agentes del mercado para evitar que se produzcan sorpresas como las que se vivieron recientemente.
Por otra parte, el Banco de España, aunque es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada que actúa con autonomía respecto a la Administración General del Estado, es una representación no solo de España, sino también de Europa, ya que es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Por tanto, su presencia en Ceuta y Melilla es la presencia de España y de la Unión Europea, frente a la frontera sur de Europa, en el aspecto monetario y de control.
Vengo defendiendo, con escaso éxito por cierto, que hay decisiones estratégicas que es preciso tomar respecto a Ceuta y Melilla, pero es que, además, hay asuntos en los que no se puede retroceder porque esas decisiones pueden volverse contra nosotros. Suprimir el Banco de España de las dos ciudades autónomas es una decisión equivocada que trasciende a la propia entidad y debería ser consensuada y medida con otros órganos del Estado. Esto unido a la también estratégica situación de Ceuta y Melilla en el norte de África, debía hacer pensar sobre la improcedencia de una medida que producirá escaso ahorro y traerá sensibles perjuicios en el futuro.
Creo que los gobiernos de ambas ciudades y los partidos políticos junto a otras instituciones de Ceuta-Melilla deberían dirigirse, personalmente y por escrito, a las autoridades monetarias, al gobierno y a la propia Unión Europea para explicarles la trascendencia de disponer de dos faros de información y control financiero en lugares tan sensibles, manteniendo de paso la presencia de España en ciudades reivindicadas por un país extranjero.
