Sus conocidos relatan que quería alcanzar la península antes de que caducara su tarjeta amarilla. Otros residentes en el CETI se encuentran en la misma situación.
La leyenda de quienes consiguieron alcanzar la península escondidos en los bajos de un camión o en su carga animan a sus compañeros a intentarlo. La suerte no acompañó a Abdoulaye Kone y este lunes encontró la muerte bajo las ruedas del vehículo en el que viajaba de forma clandestina, después de varios intentos en los que fue interceptado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según sus conocidos.
Este joven de 20 años y natural de Costa de Marfil, era un solicitante de asilo admitido a trámite y a quien los responsables de la Delegación de Gobierno “habían impedido trasladarse a la península, a pesar de tener permiso para circular y residir en todo el territorio nacional”, comunicó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Precisamente, continuó esta entidad, el fallecido había presentado una denuncia en los juzgados ceutíes contra esta “vulneración de su derecho a la libre circulación”. La próxima expiración de la ‘tarjeta amarilla’ y la experiencia positiva de un conocido intensificaron sus intentos, relataron sus compañeros.
Un elevado número de residentes en el centro del Jaral se encuentran en la misma situación. CEAR ha presentado en los últimos meses varias denuncias ante la administración y los juzgados porque a los demandantes de asilo de Ceuta y Melilla se les impide entrar a la península a pesar de que sus solicitudes hayan sido admitidas a trámite y por tanto se encuentran documentados por el Ministerio de Interior.
CEAR lamenta profundamente la muerte de Abdoulaye Kone y pide que las autoridades actúen inmediatamente para que no siga siendo vulnerado el derecho fundamental de los solicitantes de asilo que se encuentran en Ceuta y Melilla.
La autorización de residencia que se otorga a los solicitantes de asilo admitidos a trámite es válida para todo el territorio nacional, como consta en el reverso de su documento de identidad. Tras las quejas de los interesados, de CEAR y otras organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre dicho impedimento de viajar a territorio peninsular. A juicio de esta Institución, la explicación ofrecida en el informe recibido “no resulta suficiente para impedir la libre circulación dentro del nacional de los solicitantes de asilo que han visto admitida dicha solicitud”.
