El consejero ha acudido a declarar por la denuncia sobre la intromisión de Tragsa en labores que son competencia de Trace
El consejero Emilio Carreira ha acusado al secretario general de Comisiones Obreras y diputado de Caballas de querer “enmerdar a la Justicia” con la ratificación de la denuncia realizada por UGT y CCOO en relación con la actuaciones de Tragsa en una encomienda de gestión para la limpieza de determinadas zonas de la ciudad.
El actual consejero de Turismo y Deporte ha llegado a señalar que no entendía las razones por las cuáles le habían llamado a declarar, “puesto que la encomienda de gestión la firmé yo como consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, pero la gestión no fue mi responsabilidad, ya que en julio me nombraron para otro área de responsabilidad del Gobierno”.
De todas maneras, ha aludido a que en ningún momento Tragsa llegó a realizar competencias que tenía asumidas la empresa concesionaria de la limpieza, Trace, “y los denunciantes no se han leído en ningún momento la encomienda de gestión”.
Si ha querido confirmar que “defiendo los intereses generales de los ceutíes y nunca me someteré a los chantajes de sindicalistas, comités de empresa y determinados políticos”. También ha hablado de que es “una denuncia falsa y totalmente política, porque se pretende que la Justicia paralice la acción de Gobierno, ya que quieren conseguir por otros medios lo que no han obtenido en las urnas”.
Con anterioridad a la declaración de Carreira, acudieron al Juzgado el secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Aróstegui y el secretario de Federación de UGT, Francisco Lobato, quienes se reafirmaron en su denuncia. El mismo Aróstegui declaró que la encomienda de gestión tenía deficiencias y que, luego, existía un reportaje gráfico muy claro donde se venía a los trabajadores de Tragsa realizando misiones que eran competencia de Trace.
Para las 13.15 horas está previsto que acuda al Juzgado la presidenta de la gestora del CSIF, Malika Al-lal, quien tiene previsto señalar que su sindicato no se ratifica en la denuncia. Todo motivado por la polémica de que se produjo una usurpación de sus funciones, ya que en el escrito de denuncia no figuraba su firma, sino simplemente un sello del sindicato.
