La Consejería de Fomento ya dispone de un listado con las propiedades que habría que expropiar para ejecutar las obras conforme al proyecto, pero hasta que no se licite no se iniciará con los trámites legales.
Antes, la Administración, en este caso, la Dirección General de carretera, será la que inicie las conversaciones con los propietarios con el objetivo de alcanzar acuerdos de venta para evitar la expropiación, “y solo si no es posible será cuando se llegue al justiprecio”, aclara Susana Román. Es decir, lo que pretende evitar es que se realicen expropiaciones forzosas o que se termine en los tribunales. “No me gusta adelantar cifras, pero puede haber pagos en especies, como viviendas o locales, porque también hay empresas que están en la zona y que se verán afectadas”, añade. Estos realojos serían en Loma Colmenar, donde ya están practicamente finalizada una promoción con más de 300 viviendas públicas, “y vamos a disponer de ellas en los próximos meses”. Igual ocurre con los locales comerciales.
En este caso, lo que está haciendo la Consejería de Fomento es prestando apoyo a Carreteras en cuanto a información y listado de propietarios. Además se trabaja en coordinación con la Consejería de Asuntos Sociales, cuyos trabajadores sociales elaboran otro censo “para ver quien vive efectivamente en la zona”, subraya la consejera.
Precisamente una de las razones por las que el presupuesto previsto por el Ministerio de Fomento aumentará casi dos millones de euros es porque ya existen algunas valoraciones iniciales en la zona de la Almadraba, que es la que se va a ver afectada de ello y es la que está más degradada desde el punto de vista urbanístico.
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