Once meses después de rescindir el contrato a Arasti Barca, la Ciudad inició ayer de forma oficial el trámite para la nueva adjudicación de los servicios de gestión de la escuela infantil ‘La Pecera’.
El centro educativo de la barriada Juan XXIII se convirtió en agosto de 2013 en foco de un sonoro enfrentamiento entre Caballas y el Ejecutivo local por las supuestas irregularidades cometidas por la empresa burgalesa, entre ellas los presuntos incumplimientos en las altas y bajas de trabajadores en los registros de la Seguridad Social durante las vacaciones de Semana Santa y Navidad. El caso derivó en la anulación de la prórroga para la prestación de servicios al interpretar la Ciudad que la entidad no había corregido las deficiencias por las que ya había sido sancionada anteriormente.
La publicación ayer en el Boletín Oficial de la Ciudad de las condiciones del contrato pone en marcha el proceso que debe concluir en la elección de una nueva entidad capaz de coger las riendas de la escuela. La adjudicataria dispondrá de 891.648 euros durante dos años, a razón de 445.824 euros por cada uno de ellos. Cada anualidad abarcará del 1 de agosto al 31 de julio del siguiente año. El valor estimado del contrato, no obstante, asciende a 1,78 millones de euros ante la posibilidad de que los términos acordados puedan prorrogarse por otros dos años una vez vencido el primer bienio. El principal criterio de adjudicación será el precio más bajo en la relación entre la cuota de alumno/mes de entre todas las que presenten las empresas interesadas en hacerse con la gestión.
Polémica en agosto de 2013
La polémica en torno a La Pecera dio un giro de 180 grados en tan solo unos días. El 23 de agosto de 2013, la Ciudad defendió la gestión de la empresa pese a las críticas de la oposición e incluso llegó a anunciar una prórroga del contrato. Unos días después, el lunes 26, Caballas trasladaba a la Inspección de Trabajo el posible incumplimiento a la hora de cursar altas y bajas de trabajadores durante periodos vacaciones pese a seguir facturando lo mismo a la Administración. En el Consejo de Gobierno celebrado esa semana, el Ejecutivo cambiaba de opinión y confirmaba la rescisión del contrato. Entonces se calculó que el nuevo adjudicatario estaría elegido en un plazo de dos o tres meses.
Desde entonces, la oposición denunció en varias ocasiones irregularidades en el pliego de condiciones, cuya versión definitiva se publicó ayer en el BOCCE. Caballas también se ha quejado en numerosas ocasiones de los retrasos acumulados en la elección de la nueva gestión del centro.
