La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este martes, antes de la intervención del presidente de Ceuta, Juan Vivas, en el Forum Nueva Economía, de que las competencias de control de la inmigración en frontera son exclusivas del Estado y ha acusado a Pedro Sánchez de ser un “pelele absoluto del separatismo”.
En sus declaraciones, Gamarra ha cuestionado la proposición de ley orgánica registrada a primera hora por el PSOE y Junts en el Congreso de los Diputados sobre la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña.
“No se puede transferir lo que tiene que ser exclusiva del Estado”, ha recalcado la dirigente del Partido Popular, que ha añadido que los servicios jurídicos de su partido ya están estudiando el acuerdo entre socialistas y nacionalistas y lo analizarán en profundidad en cuanto el texto íntegro sea público.
No obstante, ha incidido en que queda claro que Sánchez se está dedicando a ser “un pelele absoluto del separatismo” y a cederle “aquello que no tiene capacidad de ceder”, en lugar de ejercer unas competencias que son exclusivas del Estado como son, ha subrayado, las del control de la inmigración en las fronteras.
El acuerdo entre PSOE y Junts
Según han informado el PSOE y Junts sobre la proposición de ley orgánica que han acordado, los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y estarán en las fronteras, en cooperación con la Policía y la Guardia Civil, en tanto que la Generalitat de Cataluña tendrá la competencia integral de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y de las devoluciones de extranjeros.
Las líneas maestras de la proposición, de la que han informado ambas formaciones, contempla también que Cataluña se configure como “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración, así como en la expedición del documento de identidad para los extranjeros (NIE).
AUGC rechaza "de manera tajante" el acuerdo
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha rechazado "de manera tajante" el acuerdo: "Un pacto que supone un nuevo mercadeo político a costa de la seguridad pública y de la integridad de España".
"Con esta cesión, el Gobierno vuelve a actuar de espaldas a los ciudadanos y de los profesionales de la seguridad pública, entregando competencias exclusivas del Estado a la Generalitat a cambio de apoyos parlamentarios. El traspaso de la gestión de puertos, aeropuertos y la política migratoria a la Generalitat supone una gravísima irresponsabilidad y un ataque directo al papel de la Guardia Civil en la defensa de las fronteras y la seguridad del Estado. La gestión de la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, y su cesión a una administración autonómica, pone en peligro la integridad territorial", han denunciado.
Consideran que "no responde a criterios de eficacia ni de mejora del servicio", sino a un "nuevo intercambio de favores políticos que solo beneficia a quienes llevan años trabajando para debilitar la presencia del Estado en Cataluña". "Los guardias civiles no estamos en venta y no aceptamos que se juegue con nuestra labor ni con nuestra estabilidad laboral por cálculos políticos", han continuado en nota de prensa.
"El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles, son partícipes directos de esta situación. No deben permitir este atropello a las competencias del Estado ni el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en diferentes territorios. Y por este motivo, deberían presentar su dimisión de manera inmediata para impedir que con su apoyo se dé un duro golpe a los miles de guardias civiles que han dedicado su vida a garantizar la seguridad y la unidad de España", critican.
Por eso, "ante este nuevo golpe contra la seguridad y la dignidad de la Guardia Civil", AUGC ha anunciado que estudiará todas las acciones a su alcance para "frenar este traspaso de competencias y defender el papel de los guardias civiles en Cataluña y en todo el territorio nacional".
"No permitiremos que esta cesión se lleve a cabo sin consecuencias. La seguridad pública no se negocia, la Guardia Civil no se vende y España no está en subasta", han concluido.
