Ceuta ha trasladado directamente al Gobierno de la Nación el gravísimo problema al que se enfrenta por el coste del traslado de la basura a la Península. Algo que afecta también al de otras mercancías peligrosas y bienes de Defensa (carros, municiones…) además de suministros básicos sanitarios o el butano, que tienen que ser sometidos a este tipo de transportes especiales.
Un servicio caro que la Ciudad no puede asumir. Por eso, hace unos días el consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, estuvo reunido en Madrid con el secretario de Estado y la directora general del área, al objeto de comunicarle la necesidad de que sea el Gobierno central el que subvencione al 100% o al menos en una parte importante ese traslado.
El elevado coste del transporte, que en su peor previsión puede alcanzar los 7 millones, se erige en una traba para la Ciudad imposible de ser asumida. Pero no solo le afecta a ella sino también a otras administraciones de corte estatal.
Aumento elevado de los costes
Tal y como han confirmado fuentes oficiales a El Faro de Ceuta, desde la Ciudad se trasladó al Ministerio cómo en estos últimos años se ha producido un aumento importante de la tasa que grava los residuos, pero también del coste del transporte marítimo por la poca oferta que hay en el mercado de buques ro-ro.
El incremento en el transporte se ha disparado en 6 meses, pasando de 2,5 millones a 5 en el mejor de los casos pudiendo elevarse a 7 millones.
Todo esto se lo explicó Ramírez al Ministerio, indicando que afecta, principalmente, a la Ciudad por el traslado de los residuos sólidos urbanos, pero también a muchos sectores privados y públicos, como es el caso de las responsables de las mercancías peligrosas y sanitarias, del hipoclorito para la planta desaladora, carros de combate y municiones del Ministerio de Defensa, butano para Cepsa o el oxígeno requerido por el hospital y las cínicas privadas.
El riesgo en distintos ámbitos
Tal y como ha explicado en declaraciones a este periódico el consejero Alejandro Ramírez, desde Madrid se entendió que es un recurso compartido, siendo conscientes de que la ley 7/2022 de residuos en su disposición adicional tercera recoge la obligatoriedad del Estado de subvencionar todos los residuos obligados a su traslado desde Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares.
“Nos han pedido una memoria que recoja esto y los residuos” sometidos a dicho transporte tanto por parte de la Ciudad como del resto de organismos dependientes de otras administraciones, lo que ha llevado a que desde la Ciudad se pida a la Delegación del Gobierno que informe sobre el volumen de mercancías que se ven afectadas.
“A lo largo de esta semana esperamos tener la información y mandarla al Ministerio”, explica Ramírez, presentándole así la envergadura del problema.
La intención tras estos contactos es poder llegar a un acuerdo entre administraciones para financiar o cofinanciar el coste del transporte marítimo de residuos “que al final es un transporte que si no está, pone en riesgo servicios esenciales y el ámbito medioambiental”.
